Nueva agresión a los ciudadanos

Fuente: Excelsior

Fue en enero de 2015 cuando el presidente Enrique Peña Nieto declaró: “Se acabaron los gasolinazos que tanto lastimaron mes a mes la economía de las familias mexicanas”. Pero no se acabaron, las alzas continuaron y ahora, para empezar, el aumento será de 14 a 20 por ciento para luego irse hasta 24 por ciento, pues el gobierno advierte que decretará nuevos aumentos en febrero.

Esta vez las alzas estarán acompañadas de diferentes precios de acuerdo con el costo de llevar el combustible desde las refinerías o los puntos de importación hasta los lugares de destino. En ese cálculo incidirá también “el tipo de infraestructura para el transporte y distribución”. En buen romance, lo anterior significa que entre más alejado y abandonado esté un lugar y más difícil sea llegar hasta él, el precio al que se venderán las gasolinas será mayor. Y como los lugares más pobres suelen ser los peor comunicados, a ellos los castigará mayormente esta medida.

Por si algo faltara, el establecimiento de 90 regiones traerá consigo un desbarajuste que dañará aún más la economía de los consumidores. La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros ya advirtió que tan sólo en 83 regiones, entre el primero de enero y el 3 de febrero de 2017, tendremos mil 453 precios diferentes.

En teoría, al privatizar por completo la comercialización de estos derivados del petróleo, se establecerá competencia entre las diversas marcas que entren al mercado nacional, lo que implicará, nos dicen para dorar la píldora, que los expendios —“estaciones de servicio” las llama en espanglés la tecnocracia— se encargarán de ajustar sus precios, lo que no pasa de ser un espejismo, pues las alzas están determinadas no tanto por los costos como la enorme carga impositiva que deben pagar los consumidores, y el margen de maniobra para la eventual competencia estará severamente limitado por esos impuestos confiscatorios a los que de ninguna manera querrá renunciar un Estado depredador e insaciable.

Por supuesto, la Secretaría de Hacienda ya salió a justificar el atraco. Para el caso, hizo publicar una tabla de precios de 37 países (tabla que incluye un país llamado Texas), según la cual los mexicanos somos objeto de todas las bendiciones, pues en lugar de pagar casi 40 pesos por litro, como ocurre en Hong Kong, “nada más” erogamos 15 pesos 99 centavos por litro, con la diferencia de que México es un país petrolero y que, además, se encuentra muy cerca de los centros de venta internacionales.

En los años ochenta, el autor de este artículo escuchó de un alto funcionario de Hacienda una barbaridad antipatriótica que ahora se revela en toda su monstruosidad. Decía aquel tipejo: “No tiene sentido construir refinerías si podemos adquirir gasolina barata en Estados Unidos”. Y en efecto, no sólo no se construyeron refinerías en México, sino que se cerraron y desmantelaron para “encargar” al país vecino esa tarea.

La Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros ha denunciado esa política nefasta, pero advierte que las refinerías que nos quedan no son chatarra, pues cuentan con tecnología de vanguardia. Lo que hace falta es que dispongan de un adecuado mantenimiento y que se les proporcione suficiente materia prima para que funcionen de manera óptima, lo que no ocurre porque está en curso un proyecto de cabal privatización de la industria petrolera, a favor principalmente de los monopolios extranjeros.

En ese proyecto desnacionalizador cuentan por supuesto la corrupción y la mentalidad lacayuna y saqueadora de la alta burocracia, pero también su rotunda incapacidad para acabar con el charrismo sindical, que ha sido altamente oneroso para la industria, pero le ha garantizado votos al PRI y ha desarmado ideológicamente a los trabajadores para quitarles la tentación de ejercer el derecho de huelga.

El alza al precio de las gasolinas afectará de varias maneras la economía familiar, pues la elevación del precio de los combustibles traerá un alza generalizada, más inflación y una mayor devaluación del peso. Y todavía así, José Antonio Meade, el secretario de Hacienda, ofende a los ciudadanos al tratarlos como niños a los que dice que “no deben asustarse”. No, señor, quienes deben asustarse son esos funcionarios ineptos que ante los problemas económicos se ensañan con la gente común, que por ese camino no tardará en despertar, y entonces sí, a esconderse don José Antonio.

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