¿Con qué autoridad moral?

Fuente: Excelsior

Los mexicanos hemos decidido, a través de nuestros representantes en el Congreso, que el Estado debe financiar a los partidos políticos. Al definirlos constitucionalmente como entidades de interés público se protege su existencia legal y materialmente, porque se supone que hay la convicción de que sin partidos competitivos es imposible la democracia.

México decidió que era bueno que los partidos recibieran dinero público, pero además limitó el financiamiento privado. La gran mayoría de los países hoy financian a sus partidos y vigilan las aportaciones ciudadanas; sin embargo, normalmente se limita el monto que una persona física puede aportar, sólo la ley mexicana limita lo que se les permite recibir en total de aportaciones personales.

Las razones que justifican que los partidos políticos se sostengan casi exclusivamente de nuestros impuestos son dos: por un lado se trata de liberar a los partidos de las presiones de los poderes fácticos que podrían tratar de controlar las decisiones fundamentales de política pública por haber sido donadores en la campaña electoral. Por otra parte, se supone que esto evitaría la tentación de recibir dinero del crimen organizado. Nadie se atrevería a afirmar que hemos tenido éxito en cualquiera de los dos objetivos.

Con la reforma política de 1996, alguna vez llamada la reforma definitiva, se incrementó el presupuesto entregado a los partidos políticos en tiempos ordinarios y de campaña. Esto propició que las burocracias partidarias crecieran de manera exponencial.

En teoría, el Estado está legitimado para cobrar impuestos porque hay un acuerdo social que decide mantener al gobierno y a los gobernantes. Los representantes del pueblo deberían decidir las políticas públicas que esa determinada sociedad considera importante. Cuánto debe gastarse en educación, cuánto en salud, cuánto en desarrollo de infraestructura, cuánto en desarrollo democrático, etcétera. También, en teoría, los gobiernos viven sólo de lo que recaudan. Sin embargo, en México pareciera que los partidos y nuestros representantes no vinculan que el gasto del Estado debe corresponderse con el dinero recaudado.

Por todo lo anterior, resulta un fortísimo golpe a la legitimidad de los partidos y a la aceptación de mantenerlos de nuestros impuestos cuando descubrimos, hace una semana, que los propios partidos políticos evaden y eluden impuestos. Con absoluto cinismo retienen las contribuciones de sus amplias burocracias y no las enteran al SAT. Se quedan en sus haberes con las cuotas que sus empleados ya aportaron a la seguridad social, (IMSS e Infonavit) y no pagan en tiempo y forma ni siquiera el predial de sus inmuebles. Hoy, gracias al proceso de fiscalización del INE, sabemos que tenemos partidos evasores.

Los partidos deben, entre todos, poco más de 626 millones de pesos. De este gran total el partido que más adeuda es el PRD, 332.8 millones de pesos, 53% del total le corresponde sólo a éste. El PRI debe 11.8% y su socio incondicional, el PVEM, 8.3%. El PT, que salvó el registro gracias a una muy cuestionable decisión del Tribunal Electoral, debe 7.3%; Movimiento Ciudadano, 7.1%, el PAN, 5.9%; Nueva Alianza, Encuentro Social y el Partido Humanista, 1.5% cada uno, este último, por cierto, en proceso de liquidación debido a su fracaso electoral; finalmente, Morena debe 1.1%. Diez de diez partidos están en situación irregular frente a la Hacienda Pública.

Cada reforma electoral, los partidos se incrementan el presupuesto, cada vez que un mexicano se empadrona ellos tienen un beneficio, los recortes del presupuesto 2017 no los afectaron un céntimo. Ante esta situación, los ciudadanos nos preguntamos ¿con qué autoridad moral los partidos y nuestros representantes en el Congreso se atreven a aprobar las leyes de ingresos? ¿Cómo se atreven a autoaprobarse tamañas tajadas cuando ellos no contribuyen con lo que, por ley, les corresponde? ¿Por qué el SAT o el IMSS no auditan a los partidos como si fueran cualquier otro patrón? ¿Qué dirigente de partido puede hablar de sistema anticorrupción sin morderse la lengua? Hemos perdido todo referente ético.

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