Gobernadores feudales y corrupción

Fuente: Excelsior

Por Clemente Castañeda Hoeflich*

Desde hace décadas en México hemos sido testigos de numerosos escándalos de corrupción política. Al escribir este texto, los exgobernadores Javier Duarte y Guillermo Padrés se encuentran prófugos acusados de distintos delitos, y otros dos de Tamaulipas —Tomás Yarrington y Eugenio Hernández— están fugitivos desde hace años, perseguidos por autoridades mexicanas y norteamericanas por posibles hechos de corrupción, narcotráfico y lavado de dinero.

Un poco de memoria puede ayudar a entender la evolución del problema: a finales de los 80, durante el gobierno de Carlos Salinas, 14 gobernadores fueron removidos de sus cargos, unos como parte de las concertacesiones con el PAN, otros por ingobernabilidad y unos más para ocupar cargos en el gobierno federal.

En la presidencia de Ernesto Zedillo cesaron los despidos, y en ese sexenio, pero de manera más clara en el gobierno de Vicente Fox, numerosos gobernadores amasaron un mayor poder.

Mucho se ha escrito sobre el vacío de poder que trajo la transición a la democracia y que significó el paso de un federalismo deficiente en donde los gobiernos locales se sujetaban al poder presidencial, hacia un “feuderalismo” sin contrapesos en donde los gobernadores, de distintos partidos políticos, pervirtieron el ejercicio de gobierno, convirtiendo sus entidades en cotos de poder, obstaculizando a la oposición y sometiendo a los poderes Legislativo y Judicial locales. Ejemplos hay muchos, pero hoy destaca el caso de Jalisco, donde el presidente del Poder Judicial local, además de pertenecer al grupo político del gobernador, está siendo protegido para evitar ser investigado por abuso de autoridad y corrupción.

¿De qué manera respondieron las instituciones nacionales ante los excesos e ilegalidades en los gobiernos de los estados? En los últimos años sólo un gobernador fue juzgado y encarcelado: Andrés Granier, en Tabasco, en tanto que otros, acusados por peculado, desvío de dinero público y otros delitos, fueron ingresando poco a poco al círculo de la impunidad política. Las instituciones fueron incapaces de contener los excesos de los gobernadores locales y de instaurar un federalismo democrático.

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha cometido el error de creer que la única forma de llenar este vacío consiste en emprender una nueva cruzada centralista que disminuya las facultades de los estados y los municipios, que les quite recursos públicos y que los someta en distintas esferas a la dinámica de las instituciones federales.

Pero la realidad es que todo ello no dará resultados positivos si no se fortalece la vida democrática de las entidades federativas, si no se fortalecen sus poderes Legislativo y Judicial, sus instancias de fiscalización superior y de procuración de justicia, así como su sociedad civil organizada. La clave para reconstruir el federalismo y acabar con los gobernadores feudales no está en desmantelar a las entidades federativas, sino en oxigenar su vida democrática. Para no tener gobernadores corruptos es necesario ponerle enfrente contrapesos democráticos que los hagan rendir cuentas.

Hoy la PGR tiene la responsabilidad de aprehender a Duarte y a Padrés, y tiene el reto de mantener la alerta con los mandatarios salientes en 2017 y 2018; la Auditoría Superior de la Federación también debe asumir un papel activo en la fiscalización de recursos a las entidades federativas, pero también la clase política nacional debe comenzar a pensar en una reconfiguración del federalismo basada en la rendición de cuentas, la transparencia y la democratización de los estados.

*Coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano

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