Veracruz y el colapso institucional

Fuente: Excelsior

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

De todos los graves problemas que azotan a Veracruz, muy probablemente el que se está suscitando con los presidentes municipales es de los más delicados, de los que mejor demuestran el deterioro, la falta de gobernabilidad, en el que ha caído esa entidad.

La cantidad de acusaciones que se han sumado en contra del gobernador con licencia Javier Duarte resultan abrumadoras y extremadamente detalladas como para pensar que se trata de una campaña en su contra. Si el gobierno federal, como se propuso en su momento, hace más de un año, hubiera retirado a Duarte del palacio de gobierno en Xalapa, quizá todo el proceso político en el estado hubiera sido diferente.

Dudo que ello hubiera impedido el triunfo de la coalición PAN-PRD que encabezó Miguel Ángel Yunes, pero las cosas podrían haber transitado con mayor gobernabilidad aunque la persecución judicial contra el gobernador con licencia, como decíamos, es abrumadora y se alimenta de la enorme facilidad con que los principales amigos de Duarte en su administración han confesado todos los negocios en los que han estado involucrados.

Durante los últimos doce meses fue cuando se perdió el control del estado, cuando se disparó la inseguridad, cuando la economía comenzó a hacer agua por todos los rincones, cuando se disparó la deuda y cuando se extravió la gobernabilidad.

Lo que está sucediendo con los alcaldes es una radiografía de todo eso. Hace cuatro meses la Secretaría de Hacienda entregó tres mil 200 millones de pesos destinados a los 212 municipios de la entidad. Desde entonces esos municipios no han recibido nada. Según el gobernador interino, Flavino Ríos, esos recursos se destinaron a otros rubros. Según otros, simplemente se esfumaron o se los robaron. Deberán ser las autoridades las que definan qué sucedió con ese dinero, pero lo cierto es que resulta inconcebible que una partida semejante simplemente se haya perdido y que los municipios de la entidad estén en cesación de pagos, incluyendo el salario de sus trabajadores. El alcalde de Xalapa decía que, si esta situación se mantiene, el estado se colapsará, y tiene razón.

Ayer, en la primera reunión de entrega recepción entre la administración saliente y la entrante, los representante de Miguel Ángel Yunes han sido enfáticos, y tienen razón, en exigir que antes de asumir el gobierno, dentro de un mes, se paguen todos los adeudos de este tipo existentes, que son multimillonarios. Es difícil no pensar que ésta pudiera ser también una estrategia consciente para entregar Veracruz en una situación caótica, de colapso institucional. El único problema es que el Estado mexicano no puede darse el lujo de tener a Veracruz inmerso en una crisis insondable. Y la que estamos percibiendo lo es.

Por eso, más allá de lo que suceda con Duarte en el futuro próximo, deben existir puntos de acuerdo para transitar este proceso, asumiendo que dentro de siete meses volverá a haber elecciones en el estado, en esta ocasión para elegir presidencias municipales y en junio de 2018 para gobernador. Si no se pone un freno, si no se estipulan reglas de civilidad política mínima, si no hay un piso sobre el que construir, lo que tendremos serán dos años de crisis y de pérdida de oportunidades para todos los veracruzanos y para el país. En todo esto debe haber un poco de sentido común.

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