El góber previsor y su paquete de impunidad

Fuente: Excelsior

@amparocasar

Es un contrasentido pero, ¿hay manera de legalizar la corrupción? Sí, la hay. La fórmula la tiene el gobernador saliente de Quintana Roo, quien ha fabricado un gran “paquete legal de impunidad” antes de terminar su mandato el próximo 25 de septiembre.

Roberto Borge, el góber previsor, teme que poniendo un pie fuera del palacio de gobierno sea llamado a rendir cuentas, sometido a una pesquisa de carácter penal y acabar tras las rejas. Para minimizar esos riesgos, Borge decidió blindarse.

En tres sesiones extraordinarias del congreso local, en el que la oposición cuenta con tan sólo tres diputados del PAN y uno del PRD, arregló la aprobación de tres magistrados del Tribunal Superior, la del fiscal general hasta por nueve años y la del auditor superior estatal y su suplente hasta por siete. Todos a modo, todos con trayectorias políticas cuestionables por delitos que van desde tortura hasta desvío de recursos pasando por extorsión y despojos de tierras. Todos con cuentas pendientes con el propio gobernador saliente, por si acaso cambiaran de opinión una vez que Borge salga del poder. Cuánto miedo tendrá el góber previsor que hizo modificar la Ley de Seguridad Pública para que él, su esposa e hijos puedan tener seguridad a cargo del erario público durante los próximos 15 años después de dejar el poder. Quizá lo hizo porque piensa correctamente que los delitos prescriben, pero los enemigos no. Y vaya si hizo enemigos al crear redes de corrupción a través de las Juntas de Conciliación o la creación de empresas fantasmas para hacer asignaciones de obra pública y compras gubernamentales. Para terminar, y por si fuera poco, su mayoría priista eligió a los consejeros del Instituto de Acceso a la Información. Otra vez, no vaya a ser la del diablo porque en la próxima legislatura local, el PRI (con siete diputados) y sus aliados del PV y el PANAL (con seis) no tendrán los suficientes votos para hacer modificaciones a la Constitución ni nombramientos que requieran de mayoría calificada.

Califica también como góber previsor Javier Duarte. Tiene mucho que esconder y ha recurrido a triquiñuelas legales similares y hasta más cínicas. Además de los nombramientos de contralor, fiscal anticorrupción y magistrados, se dio el lujo de despedirse con la basificación de los trabajadores del estado a partir de subdirector y de adelantar la fecha de aprobación de la Cuenta Pública 2015 para que sea su legislatura de mayoría quien la apruebe.

Ya lo había ensayado antes Humberto Moreira, quien al abandonar la gubernatura para presidir el CEN del PRI endeudó al estado con documentos falsos, aprobó una ley para renegociar la deuda por él contraída, empeñó las participaciones federales y nombró al auditor Superior del estado de Coahuila por ocho años.

El modus operandi de la legalización de la corrupción no es privativa del PRI. Rafael Moreno Valle cambió las leyes de Puebla con el único propósito de tener mas recursos a su disposición y asignarlos con la mayor discreción posible; de poder colocar en un fideicomiso los recursos públicos del impuesto sobre la nómina, de no clasificarlos como deuda y de dar a su secretario de Finanzas la autoridad para destinar ese dinero a las obras de su elección.

Por eso es válido decir que con frecuencia padecemos de esa enfermedad llamada ceguera federal. Como si fuéramos una unidad, decimos que después de la transición, México logró labrarse una institucionalidad democrática que por fin hizo realidad la división de poderes y los pesos y contrapesos. Celebramos también la libertad de expresión y la apertura de espacios informativos. Elogiamos la autonomía de los órganos que actúan como contrapeso del Poder Ejecutivo y quitan de su ámbito de acción ciertas áreas de política pública para aislarlas de la política. Construyó instituciones como el IFE y el IFAI. Comenzó a fundar desde 1994 si no un Poder Judicial al menos una Suprema Corte de Justicia independiente capaz de leerle la cartilla al Presidente y al Congreso. Sus resoluciones en materia de inconstitucionalidad obligan a cambiar legislaciones, a enderezar políticas públicas y a respetar los derechos fundamentales. Hizo de la Auditoría Superior de la Federación un órgano profesional y autónomo de forma tal que ahora podemos saber con mucha mayor precisión cómo y cuánto gastan las dependencias federales y si los recursos federales se desvían o no de los objetivos a los que fueron asignados.

Pero México no es uno. Se compone de 31 entidades federativas y una ciudad capital que no cuentan con esta institucionalidad. Entidades en las que la libertad de prensa es limitada, los congresos locales tienen aplastantes mayorías o se practica con mucha mayor frecuencia y laxitud la compra de voto, en que los Tribunales Superiores son manejados por los ejecutivos locales y en los que los supuestos órganos autónomos están absolutamente capturados. Entidades en las que los gobernadores siguen operando como en la, por algunos añorada, época de oro del presidencialismo mexicano sin consecuencia alguna. Ahí están Quintana Roo y Veracruz para recordarlo.

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