Los Porkys

Fuente: Excelsior

Luis de la Barreda *

Uno de esos casos es el originado por la denuncia del señor Javier Fernández ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz. El delito denunciado es uno de los más graves, humillantes y devastadores. De acuerdo con el relato del denunciante, el 2 de enero de 2015 su hija Daphne, menor de edad, fue subida a la fuerza por cuatro jóvenes a un automóvil a bordo del cual la llevaron al domicilio de uno de ellos, en un fraccionamiento residencial de Boca del Río, en cuyo baño la violaron.

Al enterarse de los hechos, el señor Fernández buscó a los imputados —a quienes su hija reconoció plenamente— y a sus padres —el exalcalde de Nautla y  empresarios— ofreciéndoles que no denunciaría el delito si se cumplían tres condiciones: a) que los jóvenes pidieran disculpas por lo que habían hecho en declaraciones que serían videograbadas; b) que no se volvieran a acercar a Daphne e incluso se retiraran de cualquier lugar donde casualmente se encontrasen con ella, y c) que se sometieran a tratamiento sicoterapéutico. La propuesta fue aceptada.

El padre de Daphne ha dicho que una campaña de difamación contra su hija en las redes sociales, que creyó promovida por los padres de los imputados, lo decidió a denunciar el delito, lo que hizo en mayo de 2015. Aportó, en respaldo de su denuncia, una prueba de las que difícilmente puede disponer un denunciante: el video en el que los jóvenes se disculpan por lo ocurrido aceptando que dañaron seriamente a Daphne y a su familia.

Una averiguación previa por un delito tan monstruoso como una violación tumultuaria debe concluirse en el lapso más breve posible sin demérito de la solidez probatoria de la investigación. Pero los encargados de integrar la indagatoria no tenían, por lo visto, demasiada prisa. Tardaron cuatro meses en llamar a declarar a los imputados y a más de 10 meses de presentada la denuncia, la averiguación previa no ha concluido. Esa dilación viola el derecho del denunciante y la presunta víctima a una procuración de justicia expedita.

Sin embargo, el fiscal veracruzano, Luis Ángel Bravo Contreras, ha declarado que no hay dilación en las investigaciones y que se quiere presionar a la autoridad para que tome una decisión intempestiva. ¿Una decisión intempestiva? ¡Más de 300 días para concluir una indagatoria por hechos tan graves, y contando con el video de las disculpas, no le parecen a Bravo Contreras un periodo excesivo!

Asimismo, el fiscal ha insistido una y otra vez en que el video no es una prueba contundente. Ese parecería el papel de la defensa, no del titular del órgano de la acusación. Aunque en las disculpas videograbadas no se mencione la palabraviolación, los imputados aceptan, como quedó anotado, que con su conducta lastimaron severamente a Daphne y a su familia. Si no violaron a Daphne, ¿de qué diablos se disculpan y a qué se refieren al admitir el zaherimiento que causaron a la muchacha y a sus familiares?

Como pruebas para consignar, parecen suficientes la imputación directa, el video aportado por el denunciante —quien quizá nunca pensó no presentar la denuncia sino quiso allegarse, con la grabación en sus manos, un elemento probatorio decisivo— y los testimonios de que Daphne fue subida al vehículo por la fuerza. No son fáciles de probar los delitos sexuales, que suelen ocurrir sin testigos y muchas veces sin dejar huellas físicas perdurables, por lo que la ley y la jurisprudencia otorgan un valor especial a la imputación de la presunta víctima.  En este caso, la imputación está respaldada por el multimencionado video y las narraciones de los testigos.

Quisiera creer que en nuestro país la ley se aplica por igual al más poderoso y al más humilde de los gobernados. Pero… ¿qué otra prueba necesita el fiscal de Veracruz? Si los imputados no fueran hijos de influyentes personajes, ¿se habría eternizado como en este caso el trámite de la averiguación previa?

  • Director General del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Doctor en Derecho. Fue Jefe del Departamento de Derecho de la UAM y Coordinador de la Maestría en Política Criminal de la UNAM.

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