De fiscales obscenos y justicia vendida

Tres estampas retratan el drama de la terrible falta de justicia y la dolorosa impunidad que vive hoy nuestro país; tres situaciones dibujan de cuerpo entero un sistema judicial podrido, que sólo protege al que tiene dinero y que margina, olvida y humilla a los más pobres que no pueden pagar un abogado de renombre —o de mañas— para defenderse.

La primer estampa ocurre en Veracruz, donde la indignación social por la violación de una jovencita menor de edad, Daphne Fernández, a manos de cuatro juniors bautizados en las redes sociales como Los Porkys de Costa de Oro, es respondida por el fiscal Luis Angel Bravo, con total insensibilidad al decir que un video (donde los jóvenes piden disculpas por la violación) “no es prueba ni confesión de delito”.

La segunda estampa sucede en Acapulco, donde en plena costera un canadiense besa y toquetea abusivamente a dos niñas de 3 y 4 años de edad ante la complacencia de su padre que las ofrece al cínico extranjero. Ante la denuncia de un ciudadano indignado que registro en video el abuso y dio aviso a la policía, el fiscal de Guerrero, Javier Olea Pérez, dice simplemente que el turista, de nombre Walter Suk, de 68 años, saldrá libre con una fianza de 50 mil pesos “porque el abuso sexual de niños no es delito grave en el Código Penal” de su estado.

Y la tercera escena, que desnuda a un sistema de justicia que solapa y protege a quienes tienen dinero o influencias para comprarlo, ocurre en plena capital del país y el Estado de México, donde la golpiza a un ciudadano, a manos de un guarura del propietario de un Ferrari, Alberto Sentiés Palacios, no es castigada como el acto de violencia que todo el país presencio en video, porque el prepotente empresario, apodado Lord Ferrari —un pájaro de cuenta acusado de fraude y otros delitos— se ampara y culpa a su guardia, Sergio González Ibarra, quien aparece muerto en un hotel del Estado de México, en un extraño hecho que rápida y oficiosamente, valida la cuestionada Procuraduría mexiquense.

¿Qué tienen en común esos tres casos? Primero la ofensiva y grotesca exhibición de un país que, contra el discurso oficial, vive una ausencia casi total de Estado de derecho. Segundo la alarmante ineptitud e insensibilidad de los funcionarios públicos que fungen como procuradores, fiscales o ministerios públicos, incapaces no sólo de procurar justicia, sino de mostrar un mínimo de sensibilidad y humanidad hacia las víctimas, especialmente si éstas son pobres, mientras se dejan seducir —cuando no comprar— por cualquiera que tenga un mínimo de influencia política y económica, a los que protegen retrasando y obstaculizando investigaciones que demuestren culpabilidad de poderosos.

En Veracruz es indignante que el fiscal Luis Angel Bravo ofrezca “que se sabrá la verdad” de la violación cometida contra Daphne Fernández, pero al mismo tiempo reste importancia al cinismo de los cuatro jóvenes, todos hijos de familias ricas del puerto de Veracruz, que reconocen su delito, pero creen que una disculpa basta para resarcir el daño hecho a la vida de una jovencita. El fiscal no muestra avances contundentes en el caso, pero tampoco descalifica a quienes estúpidamente culpan a Daphne de haber sido violada, en una doble victimización de la menor de edad. ¿A quién protege el procurador de Javier Duarte que no ve evidencias claras en un delito confesado por los juniors de Costa de Oro?

En el caso de Acapulco, tras escuchar el comentario inútil del fiscal Javier Olea, uno puede entender porque ese puerto guerrerense y muchos otros destinos turísticos de México son vistos como “paraísos” para pederastas de todo el mundo que vienen a abusar de niños mexicanos como atracción porque saben que en el país hay gobernantes ineptos y leyes que toleran y protegen el abuso sexual de menores. ¿Qué pasaría si un viejo toqueteara a un hijo, una nieta o algún niño de la familia del señor Olea? ¿Declararía resignadamente que el pederasta saldrá libre “porque no es delito grave”?

Y finalmente, en el DF y el Estado de México, la incapacidad de sus procuradurías para castigar un caso tan evidente de abuso, prepotencia y violencia por parte del empresario Alberto Sentíes, que cobardemente se escudó en un guarura que luego apareció convenientemente infartado, confirman el grado de indefensión y abandono en que estamos los ciudadanos de a pie, cuando la justicia puede ser comprada con dinero y prevalece la impunidad del prepotente.

Con esos fiscales obscenamente inútiles y esa justicia groseramente prostituida, éste seguirá siendo el país de la impunidad para los pudientes; y de la victimización de la pobreza.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *